21, Noviembre 2018

Entra en vigencia Ley Anticorrupción

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Delitos como el cohecho o el soborno, la malversación de caudales públicos y el fraude, tendrán las más altas sanciones.

El Seremi de Justicia y DD.HH destacó la entrada en vigencia del estatuto anticorrupción desde su publicación el pasado martes en el Diario Oficial, iniciativa que considera aumento de penas, nuevos delitos, ampliación de la responsabilidad penal y que las figuras más graves de cohecho y soborno tengan sanciones por sobre los 5 años de cárcel, son parte de las fortalezas de esta nueva ley que modifica el Código Penal y que impulsa este nuevo estatuto.

Los principales hitos de esta nueva ley, son el aumento de penas de diversos delitos funcionarios y modificaciones de algunos de estos tipos penales; la incorporación de nuevas penas y reglas especiales para estos ilícitos; establecer nuevos delitos: cohecho en razón del cargo, corrupción entre particulares y administración desleal; se amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las penas aplicables; y finalmente incorpora nuevas figuras dentro de las hipótesis de lavado de activos, convirtiéndose en una normativa sancionatoria más efectiva, proporcional y disuasiva en el control y combate contra el flagelo de la corrupción de funcionarios públicos y particulares.

El Seremi de Justicia y DD.HH, Eugenio Canales explicó que “No debemos olvidar que uno de los flagelos que amenazan permanentemente la función pública en su amplio sentido es la corrupción, hoy con estas Ley que modifica el Código Penal es un significativo avance en la prevención, detección y persecución de la corrupción, aumentando los delitos, las penas, agravando las conductas de quienes cometen delitos siendo funcionarios públicos merecen la más fuerte de las sanciones porque están actuando en representación de los chilenos, y por tanto, buscamos una mayor probidad en la administración pública, dos objetivos muy centrales del Gobierno del Presidente Piñera y de todos los chilenos, a fin de recobrar la confianza ciudadana”.

Finalmente, cabe mencionar que esta ley considera la creación de penas especiales para cuando estos delitos sean cometidos por un empleado público que desempeñe un cargo de elección popular elección, de exclusiva confianza de éstos, de alta dirección pública del primer nivel jerárquico, o titulares de los principales poderes públicos o de las principales instituciones del país, deberán cumplir su condena en cárcel.