27, Octubre 2019

“Es necesario cambiar las reglas del juego a través de un Plebiscito y una Nueva Constitución para Chile”

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La senadora de la Región de Aysén, Ximena Ordenes, destacó la masividad de las movilizaciones históricas que se vivieron el día Viernes a lo largo de Chile, y que solo en Santiago congregaron a más de 1 millón y medio de personas, reiterando la necesidad de avanzar hacia una Nueva Constitución que recoja las demandas de cada uno de los territorios del país, como aspecto fundamental de una Nueva Agenda Social.

Ordenes aseguró que “es urgente avanzar en un debate sobre una Nueva Constitución porque cada vez que hablamos de desigualdad, en salud, en salario, en las pensiones, en el acceso al derecho al agua, nos encontramos con ese muro que son los principios establecidos en la Constitución del 80. No puede ser que, a esta altura, se sigan frenando procesos sociales, porque la propia carta fundamental lo impide”.

“Es necesario cambiar las reglas del juego a través de un Plebiscito y una Nueva Constitución para Chile, los ciudadanos deben decidir directamente en cada uno de los territorios de nuestra región y del país. Y la figura son Cabildos Ciudadanos y un Plebiscito”, dijo Ximena Ordenes.

La senadora relevó además la propuesta que surge desde la oposición, que busca establecer una Nueva Agenda Social a través de reformas estructurales, que surgen desde la voluntad de las chilenas y los chilenos. En el texto dado a conocer el viernes, se sostiene que “el país exige hoy un nuevo pacto social, que sea capaz de terminar con los abusos y desigualdades que hasta ahora no han sido derrotados”, y que para ello, “se requiere retomar el diálogo social sobre la Nueva Constitución para que el país tenga este nuevo Pacto Social y sean los chilenos quienes decidan qué tipo de país es el que quieren”.

Entre las reformas estructurales para superar la crisis social según el documento, se requiere más participación democrática, la iniciativa popular de ley y un Plebiscito que abra paso a una Nueva Constitución; Reforma Constitucional sobre aguas que garantice constitucionalmente el agua como Bien Nacional de Uso Público; solucionar las inequidades territoriales y fortalecer los gobiernos regionales y locales con más participación de los ciudadanos potenciando los roles de los Consejos Regionales y Concejos Municipales en su rol de representantes democráticos de la ciudadanía.

Desde las medidas económicas, se menciona “reformar al modelo tarifario de los servicios básicos en agua, luz, transporte público apuntando a rebajar tarifas, generando mecanismos de estabilización, subsidios a los más vulnerables, participación de la comunidad dejando atrás el esquema vigente de “empresa modelo” y de abusivas rentabilidades para las empresas”.

Asimismo, el texto establece la necesidad de “avanzar hacia un sistema tributario más progresivo -donde los que más tienen deben pagar más impuestos- que permita incrementar la recaudación fiscal que financie responsablemente la provisión de mejores bienes públicos de calidad”.

Y en materia de pensiones, “se debe avanzar hacia un modelo mixto donde haya solidaridad intra e intergeneracional, principios de seguridad social y un ente público que administre la nueva cotización previsional”.

La senadora Ordenes dijo que “una Nueva Constitución va a abrir paso para un nuevo diálogo, y en ese nuevo diálogo es importante la figura de los Cabildos Ciudadanos, que espontáneamente ya han surgido en la ciudadanía, y que deben replicarse en las comunidades de nuestra Región”.

“En la Región de Aysén debemos construir una agenda territorial, que se haga cargo de demandas históricas de la región más allá de la conectividad como puede ser el costo de vida, particularmente, las tarifas de la luz y del agua”, dijo Ordenes.

La senadora aseguró que en el caso del agua, “está constatado que existe un modelo de tarificación que desde 1988 no se ha modificado y que tiene en particular a la Región de Aysén sumida en un elevado costo del agua potable, donde la empresa sanitaria tiene una rentabilidad patrimonial cercana al 80% anual y cuyas tarifas no han sido replanteadas desde el año 2011. Ese es un ejemplo de la desigualdad que vivimos como región, es una de las prioridades que debemos asumir y promover en todas las instancias”.