11 Septiembre 2019

A PROPÓSITO DEL DELITO AMBIENTAL Y EL CHILE DE TODOS

ANDRES GILLMORE
ANDRÉS GILLMORE

La agenda Pro-Crecimiento que pretende implementar el actual gobierno, es básicamente seguir haciendo más de los mismo, osea: abrir aún más las regiones a las diferentes transnacionales dedicadas a la explotación de los recursos naturales, en actividades tan contaminantes y destructivas como pueden ser la salmonicultura, la minería y la celulosa, que bajo los parámetros actuales, son formas cancerígenas de producir riqueza, porque contaminan todo lo que tocan.

Se ve en el actual gobierno de Sebastián Piñera un grado tal de desesperación que está complicando la sustentabilidad de las regiones, demostrado al no saber implementar estrategias sustentables que permitan ver el futuro con cierta esperanza, ante un Chile terriblemente contaminado y por ende sin ningún futuro; ya que todo se proyecta bajo intereses que nos son sustentables en el tiempo. Poco y nada se hace en la actualidad para resolver el problema de fondo, que podría resumirse en que los diferentes delitos ambientales estan quedando impunes, al no estar tipificados en la legislación y en pleno siglo 21, por el intenso lobby desarrollado por parte de las empresas mineras, salmoneras y forestales en los diferentes gobiernos de turno y que han tomado el congreso también. El delito ambiental no ha sido tipificado por intensas presiones empresariales, que sería lo mismo que no tuviéramos tipificado el homicidio, por el lobby de los asesinos en el gobierno y en el congreso; realidad que en sí misma es una aberración irresponsable y fuera de todo propósito; que permite que empresas transnacionales cometan aberraciones ambientales en contra de las comunidades y los territorios y salgan inmunes y se defiendan precisamente en que el delito ambiental no está tipificado.

La contaminación ambiental y el uso insustentable de los recursos naturales, es uno de los mayores problemas a nivel país que enfrentamos en la actualidad y lo peor de todo, es que nada se hace por resolver el problema a pesar que enfrentamos una crisis existencial tremenda en este tema, al no involucrar todo lo que es concerniente y necesario en las políticas públicas, económicas y sociales. En la actualidad existe un profundo sentimiento de insatisfacción por parte de cientos de comunidades de norte a sur y de cordillera a mar, que nada puede hacerse frente al daño ambiental que se produce anualmente en los territorios y gobiernos que hacen caso omiso de esta realidad, para solventar sus degradantes relaciones con el capital extranjero, de países como Australia, Canadá, Suiza, España, entre otros.

El Derecho Ambiental es una ciencia nueva para el derecho, que consiste en la implementación de un conjunto de normas y reglamentos que ayuden a cuidar el medioambiente, aplicable tanto en el mundo rural como urbano, de modo que podamos proyectar crecimiento y el posterior desarrollo con balance y armonía entre naturaleza y sociedad, con el fin innegociable que perdure para las generaciones presentes y futuras. Por lo tanto el objetivo básico y más adecuado para este tema, es la creación de leyes que permitan controlar y regular las conductas ambientales, ante la interacción que tiene la producción con el entorno, las cuales se han venido deteriorando en forma irreversible y sistemática en los últimos 30 años, poniendo en riesgo no solo la vida de los diferentes ecosistemas y sus componentes, sino también la calidad de vida de las comunidades y la proyección de las nuevas generaciones, que estan recibiendo un país contaminado y destruido.

El Derecho Ambiental es la respuesta que tiene la sociedad para proteger su entorno natural, para que la degradación de su territorio no sea progresiva e irreversible, como lamentablemente ha estado sucediendo en nuestro querido y amado Chile. Las transnacionales extranjeras se han transformado en el principal transgresor del medioambiente, donde muchas de sus conductas han acarreado daños irreversibles en los territorios.

Las normas y reglamentos ambientales, son un instrumento de control para mejorar y mitigar los daños que realizan las empresas, que permitirian modificar las conductas empresariales y sociales y de esa manera crear conciencia de protección y conservación de la naturaleza como base del desarrollo; entendiéndose que los problemas ambientales de los países en vías de desarrollo como el nuestro, estan asociados esencialmente al crecimiento económico desenfrenado a cualquier costo realizado por transnacionales extranjeras, que poco y nada le interesan las comunidades y su valor socio-cultural y de esa manera nos despreciamos a nosotros mismos, con mucha producción y poco control, como esta sucediendo en la salmonicultura, celulosa y minería. Que unidos a la falta de transparencia en forma y fondo del negocio propiamente tal, es por decir a lo menos humillante para el país de todos y que las inversiones millonarias que son parte de una agenda Pro-inversión, no se saben a ciencia cierta cuánto es la inversión real, los valores de producción y la rentabilidad real y cuánto de ese total se destina a pagar el lobby que se ha ejercido para concretar el objetivo.

En lo político tenemos serios problemas en los temas ambientales, al existir intereses individuales que impiden la implementación de políticas públicas para el buen manejo de los recursos naturales, que a su vez sean amigables con el medioambiente y las comunidades, con balance y armonía. En lo social el problema está, al existir un crecimiento poblacional y por lo tanto de la pobreza, los cuales contribuyen a tener mucha contaminación en las regiones. En la actualidad no existen los recursos económicos y estrategias planificadas que esten destinados a esos fines y tengan la capacidad de proyectar el desarrollo integral entre las políticas públicas y la regulación de la relación empresarial con el medioambiente. Tampoco existe interés alguno por parte de las autoridades y del mismo congreso, para hacer cumplir normas ambientales vigentes, que terminan creando una deficiencia en la educación de la sociedad como un todo ante este tema y que se hacen cada vez más relevante en un país como Chile, que crece sin el cuidado y el respeto por la naturaleza.

Los principios del Derecho Ambiental provienen de los diferentes Instrumentos Internacionales en la materia; estos a su vez están acoplados ante la universalidad legislativa que promulga cada país. El principio de soberanía consiste en la potestad que tiene cada Estado para explotar sus recursos renovables y no renovables de la manera que más le sea conveniente en base al bien común y la sustentabilidad propia, implementando normas de protección y defensa de esos recursos naturales, que son de todos y no solo de algunos como muchos piensan. Este principio tiene origen en la Declaración de Estocolmo; la Carta Mundial de la Naturaleza; y la Declaración de Río; que pone como base el principio de sustentabilidad y la eliminación de la producción masiva para la implementación de planes de desarrollo con proyección de futuro, que permitan proteger el medio-ambiente y los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras.

El principio Contaminador como su nombre lo indica, se establece bajo la responsabilidad de los diferentes agentes frente a los daños que se producen como consecuencia de una actividad productiva y económica contaminante y destructiva, como lo son la salmonicultura, la minería y la celulosa; entendiéndose que las empresas son las responsables de pagar y reparar el daño ambiental que han producido y que tienen como base el principio precautorio, que debe establecer por sobre todas las cosas, mecanismos normativos y sancionatorios para impedir la degradación de los ecosistemas y tutelar de esa manera el medio ambiente como la base de lo que proyectamos.

El principio de precaución ambiental en la actualidad se ha transformado en un deber fundamental y obligatorio de cada país en la normativa interna, para darle toda la amplitud que sea necesaria para proteger el medio-ambiente. Nuestro querido Chile, posee un abundante patrimonio natural con diferentes ecosistemas únicos y exclusivos a nivel planetario, que en la actualidad tienen incluso mayor valor económico que los mismos minerales que se extraen de la tierra; por ello debe hacerse cumplir este principio fundamental de los derechos humanos y que no sea visible solo en la Constitución, del derecho a vivir en un ambiente sano y se refleje en leyes, reglamentos y ordenanzas, proponiendo el cuidado de la naturaleza para el desarrollo sustentable del Chile de todos.